Un comunicado elaborado por diferentes organizaciones repudia a la fiscal Adriana Giannoni por la investigar de una práctica de interrupción legal del embarazo a una niña que denunció haber sido abusada.
El escrito lleva las firmas de Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
El comunicado completo
Esta investigación penal fue iniciada de oficio por la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía especializada en Homocidios de la provincia de Tucumán, para investigar una práctica de interrupción legal del embarazo a una niña que denunció haber sido abusada; un hecho que Argentina no es delito.
Desde 1921 interrumpir un embarazo producto de un abuso sexual o un embarazo que pone en peligro la vida o la salud de quien gesta, es una opción legal. Y como tal, debe ser garantizada por el Estado en los tres subsectores: público, privado y de obras sociales.
Repudiamos el avance indebido del Ministerio Público en crear causas penales contra el accionar legal de efectores de la salud. Este tipo de acciones funcionan como un dispositivo de poder que busca amedrentar a quienes cumplen su trabajo de garantizar el acceso a la salud integral de niñas, adolescentes y mujeres en situación de aborto.
Exhortamos al ministro fiscal y a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia a condenar a esta persecución penal de los agentes públicos que garantizan los abortos permitidos por la ley, para así afianzar una política pública central para la autonomía de las personas gestantes y así poder cerrar un capítulo de violaciones de derechos que en Tucumán escribe las peores páginas de la historia de las mujeres que abortan con violencia, tortura, cárcel y muerte.